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Ramallo & Ramallo Escribanos
Responsabilidad solidaria del presidente de una sociedad

Por Walter C. Keiniger y Sergio Daniel Vergara

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la AFIP se encuentra facultada para determinar de oficio la obligación tributaria del presidente de una sociedad, en su carácter de responsable solidario, aunque la determinación de oficio de la obligación tributaria de la sociedad por la cual responde solidariamente no se encuentre firme por haber sido recurrida ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

1. Hechos

Mediante actos administrativos dictados en diciembre de 2006, la Administración Federal de Ingresos Públicos (la “AFIP”), determinó de oficio la obligación tributaria de la sociedad Carnes Santa María S.A. (el “Deudor Principal”) en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales julio de 2002 a agosto de 2004 y en el Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2003, e intimó al pago de las sumas resultantes, más intereses y multas. En marzo de 2007, el Deudor Principal apeló las determinaciones de oficio ante el Tribunal Fiscal de la Nación (el “Tribunal Fiscal”).  Cabe recordar que el artículo 167 de la Ley de Procedimiento Tributario (la “LPT”) establece que la mera interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal suspende el plazo de la intimación de pago contenida en el acto emitido por la AFIP.

 
 
Proyectos de Ley para sancionar a comercios

El Congreso de la Nación ya está trabajando a toda marcha y tiene en carpeta tres proyectos de ley que apuntan a sancionar a los comerciantes y supermercadistas que no respeten los acuerdos de precios o instrumenten incrementos injustificados. Las penas van desde elevadas multas hasta clausuras temporarias. Todas estas propuestas van en línea con la política oficial de control de precios. ¿De qué tratan estas leyes?

El diputado nacional de la Agrupación “La Cámpora”, Juan Cabandié, acaba de presentar un proyecto que permitiría al Estado Nacional clausurar de manera preventiva hasta un máximo de 48 horas a los comercios que violen la Ley 22.802, de Lealtad Comercial.

Se trata del expediente ingresado en la Cámara de Diputados bajo el número 497/2014, que modifica el artículo 14 de la mencionada norma. De sancionarse este proyecto se fijaría un nuevo inciso f) que ordena “clausurar provisionalmente un establecimiento, a efectos de hacer cesar la conducta que infrinja las normas establecidas en la presente ley o asegurar la prueba para la verificación de dicha infracción”. También ese apartado establece que la clausura provisional  podrá imponerse por un plazo máximo de 48 horas.

 
   
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